Cali, 28 de julio de 2020. En reunión con el Fiscal General de la Nación, el congresista también solicitará que se generen los mecanismos necesarios para que autoridades, gobernadores indígenas, campesinos y comunidad en general, puedan denunciar las presiones que grupos armados residuales y bandas de narcotraficantes están ejerciendo sobre la población civil.
En la denuncia se pondrá en conocimiento del ente judicial, que narcotraficantes y cocaleros instalados en cercanías a las comunidades indígenas, convocaron y transportaron personas de otros municipios del Cauca para organizar una asonada contra los efectivos de Ejército y Policía que adelantaban tareas de erradicación de cultivos ilícitos en el corregimiento de Mondomo el pasado fin de semana. El objetivo de este alzamiento era frenar los operativos que el Ejército viene adelantando desde el 1o de julio en la zona rural de este municipio caucano.
De igual manera, de acuerdo a información entregada por la comunidad y el Batallón de Infantería N.°8 Batalla de Pichincha, los narcotraficantes también habrían establecido una alianza criminal con el grupo armado residual ‘Dagoberto Ramos’, para que esta columna ilegal hostigue de manera sistemática a los uniformados que adelantan las labores de erradicación en cinco veredas.
“En las próximas 24 horas entregaré personalmente la denuncia sobre estos hechos al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Esperamos que las autoridades logren esclarecer lo que está pasando en esta zona; de acuerdo a información del Ejército y la Alcaldía de Santander de Quilichao, las personas que impidieron la acción de la Fuerza Pública, actuaron bajo presunta presión y financiación de actores ilegales, y no hacen parte de resguardos indígenas del sector. Según el reporte que recibimos, los protagonistas de la asonada fueron cerca de 400 personas que habrían sido transportadas desde otros municipios en tres “chivas”, y presuntamente recibieron 100 mil pesos y almuerzo por interferir el operativo de los militares”, informó el Representante.
Testimonios de la comunidad indicaron también que, el pasado domingo, un grupo de los presuntos manifestantes que impidieron la acción de los militares, habrían hecho una fiesta con abundante consumo de licor para celebrar el hecho de que el Ejército se había retirado de la zona; la cual efectivamente fue la acción de los uniformados ante la asonada, con el objetivo de evitar saldos fatales y enfrentamientos con la comunidad.
Simultáneamente, el Congresista hace un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, y a la propia Fiscalía, para que genere los mecanismos necesarios, en pro de atender las denuncias que la comunidad indígena y los campesinos no han podido hacer públicas por temor a represalias de los grupos ilegales que ejercen presión sobre gobernadores indígenas y campesinos.
“Nadie se atreve a hablar, por temor a estos grupos criminales, las comunidades viven bajo constante presión y terminan siendo utilizadas como “escudos” por los delincuentes. Sabemos de casos donde han utilizado niños para ponerlos al lado de las canecas que se usan en los laboratorios de coca, con el fin de que la Fuerza Pública no pueda destruir lo que allí se produce. También se ha conocido que estos grupos delincuenciales ordenan que la gente se acueste sobre los terrenos donde están los cultivos ilícitos, de manera que militares y policías se vean impedidos para adelantar la labor de erradicación”, agregó el Representante Garcés.
Finalmente, el parlamentario insistió en el respaldo total a las acciones del Ejército y la Policía en el Cauca, cuyos comandos ya confirmaron que mantendrán las labores de erradicación de cultivos en todo el departamento, manteniendo el firme compromiso con el respeto por los Derechos Humanos, la seguridad de la población civil y la preservación del orden público.
